ANTO DOMINGO. El proceso judicial en el país contra dos militares y
dos empresarios por el supuesto cobro de soborno para la compra de los
aviones Super Tucano en el 2008, es resultado del interés de Estados
Unidos en ese caso.
Fueron las autoridades estadounidenses las que iniciaron las investigaciones junto a Brasil por la supuesta corrupción en la operación entre el Gobierno Dominicano y la empresa brasilera Embraer.
Un artículo que al respecto publicó el periódico estadounidense de Wall Street Journal, el 1ro de noviembre del 2013, hace referencia al interés de Estados Unidos por el caso, debido a que Embraer cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York, pero además, porque algunos de los pagos del supuesto soborno habrían pasado por esa nación.
La investigación, a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos se inició por presunta violación a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.
Dicha publicación (a cuyo contenido en inglés se puede acceder en el link: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303618904579172070636222040) planteaba que los Estado Unidos se acercó primero a Brasil para advertirle del caso, justo durante una conferencia anticorrupción celebrada en París en 2012.
Embraer se consideraba desde entonces la tercera compañía fabricante de aviones en el mundo, siendo los Super Tucano su modelo de mayor venta. Sus negocios abarcan al propio Estados Unidos, (con el que competía) Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, entre otros. En algunos de esos países también hubo cuestionamiento.
Medios de prensa de Argentina reseñaron en 2011 las investigaciones del Departamento de Justicia de Estado Unidos por la venta de 20 aeronaves que la Embraer hizo a ese país por un monto de US$700 millones en 2009, en cuyas negociaciones también habría mediado el soborno.
De la intención de Estados Unidos para que se investigara el caso en el país no se tiene registros oficiales públicos, sin embargo, algunos hechos tienen una marcada coincidencia, respecto a las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En julio del 2011, medios locales reprodujeron uno de los cables de Wikileaks, como se le llamó al destapé que hizo Julián Assange sobre el manejo de la diplomacia estadounidense. Dicha publicación mostraba el contenido de conversaciones de los embajadores de esa nación con el presidente Leonel Fernández, en las que le manifestaban su preocupación por las acciones y los cargos de algunos militares, uno de ellos, Pedro Peña Antonio, exministro de Defensa, a quien un juez le dictó en la madrugada de ayer medida de coerción, consistente en presentación periódica e impedimento de salida, por su presunta vinculación con el soborno estimado en unos US$3.4 millones. Están acusados, además, el coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández, y se vincula a algunos legisladores.
La lista de los militares que preocupaban a EE. UU. la completaban Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Héctor Medina Medina, Rafael Bencosme Candelier y José Muñoz Monción, de quienes decía que “no los querían en cargos importantes en las instituciones militares u otras áreas del Estado dominicano”, según refiere la nota. El mismo cable de Wikileaks indica que Fernández reconocía la corrupción en las Fuerzas Armadas, al admitir que era sobreentendido que los militares de alto rango toman el 10% de los recursos que manejan, pero que si los cancelaba pondría en peligro su propia posición.
Fueron las autoridades estadounidenses las que iniciaron las investigaciones junto a Brasil por la supuesta corrupción en la operación entre el Gobierno Dominicano y la empresa brasilera Embraer.
Un artículo que al respecto publicó el periódico estadounidense de Wall Street Journal, el 1ro de noviembre del 2013, hace referencia al interés de Estados Unidos por el caso, debido a que Embraer cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York, pero además, porque algunos de los pagos del supuesto soborno habrían pasado por esa nación.
La investigación, a cargo del Departamento de Justicia de Estados Unidos se inició por presunta violación a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras.
Dicha publicación (a cuyo contenido en inglés se puede acceder en el link: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303618904579172070636222040) planteaba que los Estado Unidos se acercó primero a Brasil para advertirle del caso, justo durante una conferencia anticorrupción celebrada en París en 2012.
Embraer se consideraba desde entonces la tercera compañía fabricante de aviones en el mundo, siendo los Super Tucano su modelo de mayor venta. Sus negocios abarcan al propio Estados Unidos, (con el que competía) Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, entre otros. En algunos de esos países también hubo cuestionamiento.
Medios de prensa de Argentina reseñaron en 2011 las investigaciones del Departamento de Justicia de Estado Unidos por la venta de 20 aeronaves que la Embraer hizo a ese país por un monto de US$700 millones en 2009, en cuyas negociaciones también habría mediado el soborno.
De la intención de Estados Unidos para que se investigara el caso en el país no se tiene registros oficiales públicos, sin embargo, algunos hechos tienen una marcada coincidencia, respecto a las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En julio del 2011, medios locales reprodujeron uno de los cables de Wikileaks, como se le llamó al destapé que hizo Julián Assange sobre el manejo de la diplomacia estadounidense. Dicha publicación mostraba el contenido de conversaciones de los embajadores de esa nación con el presidente Leonel Fernández, en las que le manifestaban su preocupación por las acciones y los cargos de algunos militares, uno de ellos, Pedro Peña Antonio, exministro de Defensa, a quien un juez le dictó en la madrugada de ayer medida de coerción, consistente en presentación periódica e impedimento de salida, por su presunta vinculación con el soborno estimado en unos US$3.4 millones. Están acusados, además, el coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández, y se vincula a algunos legisladores.
La lista de los militares que preocupaban a EE. UU. la completaban Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Héctor Medina Medina, Rafael Bencosme Candelier y José Muñoz Monción, de quienes decía que “no los querían en cargos importantes en las instituciones militares u otras áreas del Estado dominicano”, según refiere la nota. El mismo cable de Wikileaks indica que Fernández reconocía la corrupción en las Fuerzas Armadas, al admitir que era sobreentendido que los militares de alto rango toman el 10% de los recursos que manejan, pero que si los cancelaba pondría en peligro su propia posición.
