SANTO DOMINGO.- Seis candidatos presidenciales de oposición
advirtieron que no reconocerán los resultados “impuestos por la fuerza”
de las elecciones del pasado 15 de mayo, ya que han sido anunciados en
violación de la ley.
Asimismo, cuestionaron la gobernabilidad democrática de la República Dominicana de cara a los próximos cuatro años.
Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin Chávez, Pelegrín
Castillo, Minou Tavárez Mirabal y Soraya Aquino reiteraron en un
documento su reclamo de que la Junta les entregue copias manuales que
certifiquen un escrutinio confiable de los votos en todos los colegios
electorales y que en los lugares donde resultare imposible recuperarlas,
sea anulado el proceso y celebradas nuevas elecciones.
También rechazaron “categóricamente” la evaluación general que hizo
el jueves el presidente de la JCE, Roberto Rosario, sobre las
elecciones, calificándolas de “libres, limpias, competitivas y
transparentes”.
“Se trata las elecciones más corruptas y peor organizadas que recuerde la historia democrática de la nación”, afirmaron.
El documento
El texto del documento que leyeron en rueda de prensa es el siguiente:
“Los suscritos Luis Abinader, Guillermo Moreno, Elías Wessin Chávez,
Pelegrín Castillo, Minou Tavárez Mirabal y Soraya Aquino, que acudimos
como candidatos presidenciales por nuestras respectivas organizaciones
y/o coaliciones políticas el pasado 15 de mayo, en ocasión del discurso
pronunciado el pasado jueves 2 de junio por el presidente de la Junta
Central Electoral (JCE) con referencia al proceso electoral recién
transcurrido, tenemos a bien expresar ante la opinión pública nacional e
internacional lo siguiente:
1. Que rechazamos de manera categórica que las elecciones
presidenciales, congresuales y municipales celebradas en el país el 15
de mayo hayan sido libres, limpias, competitivas y transparentes, sino,
muy por el contrario, una de las elecciones más corruptas y peor
organizadas que recuerde la historia democrática de la nación, en las
que el presidente de la República y candidato a la reelección usó y
abusó de los recursos del Estado Dominicano sin que la JCE, órgano
rector del proceso electoral, hiciera uso del artículo 212 de la
Constitución de la República, que la faculta para tomar las medidas
necesarias a fin de garantizar la equidad y los valores democráticos en
un proceso electoral. El hecho de que la Junta Central Electoral no
asumiera sus responsabilidades permitió que los colegios electorales y
sus alrededores se convirtieran en mercados de compra y venta de cédulas
y votos y se ejerciera presión sobre los delegados de la oposición con
la complicidad, muchas veces, de miembros de los colegios electorales y
de agentes de la Policía Electoral.
2. Que el discurso del presidente de la Junta Central Electoral
(JCE), lejos de ofrecer explicaciones de orden institucional orientadas a
disipar las graves dudas que han afectado las elecciones recién
transcurridas, estuvo matizado por preocupaciones e interpretaciones de
orden personal que, en los hechos, aportan nuevos y decisivos elementos
de prueba para ilegitimar el proceso electoral en curso. En vez de
asumir un rol institucional, como era su deber, el presidente de la JCE
se parcializó de manera ostensible con el partido de gobierno intentando
justificar de manera infructuosa su incapacidad para organizar un
proceso electoral diáfano, ordenado, transparente y legítimo.
3. Que es absurda y completamente inverosímil la versión dada por el
presidente de la Junta Central Electoral (JCE) en el sentido de que la
culpa de los graves problemas e irregularidades suscitados en el
escrutinio de los votos en los tres niveles, presidencial, congresual y
municipal, recaiga sobre el justo reclamo de los sucritos como
candidatos presidenciales de la oposición de que los votos del pueblo
dominicano se contaran manualmente, como lo establece la ley y como
siempre se han contado en toda la historia democrática dominicana.
4. Según el calendario electoral fijado por la Junta Central
Electoral (JCE) y referido por su presidente, los instrumentos
electrónicos destinados a ser utilizados en las elecciones debieron
arribar a nuestro país a más tardar en octubre de 2015, pero lo ocurrido
es que los mismos llegaron a República Dominicana apenas 19 días antes
de las elecciones, sin que estos pudieran ser auditados y debidamente
probados. Estos hechos fueron documentados por la misión de observación
electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).
5. Las acciones conjuntas de los suscritos, en su calidad de
candidatos presidenciales, tuvieron como propósito solicitar a la Junta
Central Electoral la única salida viable y legal: tomar las medidas
pertinentes para garantizar que los votos fueran contados como dice la
ley electoral y no bajo una tecnología de escrutinio desacreditada en
varios países del mundo, sobre la que se han querido construir ganadores
del actual proceso electoral de manera digital y sin que tengan
sustento en las actas manuales, como la propia Junta Central Electoral
(JCE) ordenó como obligatorio en un 100 % de los tres niveles de
votación.
6. Rechazamos la reiterada defensa a ultranza que hace el presidente
de la Junta Central Electoral (JCE) de la tecnología contratada, cuando
todo el país constató la magnitud de los problemas que se suscitaron a
causa del desorden administrativo y las fallas estructurales de este
sistema. La enorme dimensión de los trastornos fue admitida de hecho por
el propio presidente de la Junta Central Electoral cuando reconoció que
el 24 % de los equipos electrónicos llamados a registrar y transmitir
los concurrentes a las urnas no funcionó. Confesó igualmente las graves
fallas del sistema al indicar que solo el 64 % de los votos del nivel
presidencial, el 59 % del nivel municipal y el 54 % del nivel
legislativo pudieron ser contados mediante la utilización de las
máquinas electrónicas previstas para tal efecto.
7. Tal como precisa el informe preliminar de la misión de observación
electoral de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), el material
vinculado al escrutinio automatizado y a la identificación de los
electores en los colegios estuvo en muchos casos “ausente, incompleto
y/o defectuoso”, pudiéndose comprobar “problemas de capacitación,
logística y definición de procedimientos”.
8. La verdad es que, como señalara el jefe de la misión de
observación internacional de la OEA, el ex presidente de Colombia Andrés
Pastrana, los problemas tecnológicos presentados al momento de
conformar y abrir los colegios no hicieron sucumbir por completo las
elecciones gracias a la atinada solicitud de los sucritos,
representantes de la oposición, que advirtieron con tiempo que los
mecanismos electrónicos podían fallar y que era necesario tener toda la
infraestructura de documentación física y manual para garantizar un
escrutinio acorde con lo que establece la ley.
9. Rechazamos igualmente el silencio del presidente de la JCE sobre
la supuesta renuncia de más de 3,000 auxiliares técnicos que él mismo
denunciara al país faltando apenas horas para el inicio del proceso de
votaciones. Ese grave y oscuro hecho, que sí pudo haber constituido un
peligroso atentado contra las elecciones, no ameritó el más mínimo
comentario del Dr. Roberto Rosario Márquez en su alocución, lo que hace
que el pueblo dominicano tenga dudas más que razonables de que en
realidad tales renuncias sorpresivas y masivas se produjeran.
10. Rechazamos también que el presidente de la Junta Central
Electoral haya insistido en defender ante el país el hecho insólito que
generó uno de los traumas mayores en el presente proceso electoral, como
fue su acción de difundir boletines sobre resultados y ganadores bajo
el artificio malicioso de que éstos no tenían valor jurídico, apenas a
cinco minutos de haberse cumplido la hora de cierre de colegios cuando
en un gran número de éstos en todo el país todavía había electores
votando, y cuando por consiguiente no se había contado un solo voto
manualmente. Este accionar no fue casual, sino dirigido expresamente a
crear la percepción de un ganador definitivo en franco desafío a las
leyes y a un pueblo que fue a votar de buena fe.
11. El mismo presidente de la Junta Central Electoral describió con
gran elocuencia la ardua labor que tendrían los funcionarios de los
colegios electorales y los delegados de los partidos al tener que contar
ocho veces, de manera electrónica y manual, las boletas presidenciales,
municipales y congresuales y del voto preferencial. Si el presidente de
la Junta Central Electoral estaba consciente de esa ardua y gran
responsabilidad, ¿qué sentido tenía publicar resultados “sin efectos
jurídicos” desde el término de la hora de votación, que no fuera crear
una grave turbación en todos los colegios que desmantelara lo que no se
quería que ocurriera: el escrutinio que manda la ley; el único válido,
el escrutinio manual de los votos?
12. Resulta igualmente insólito que la respuesta del presidente de la
Junta Central Electoral (JCE) al delito electoral cometido por los
funcionarios de los colegios electorales de no llenar Actas de
Escrutinio haya sido el elogio a éstos y no la responsable acción de
someterlos a la justicia por haber cometido hechos que han afectado
gravemente el proceso electoral.
13. En su alocución, el presidente de la Junta Central Electoral
(JCE) expresó, textualmente, que “por la información de que disponemos,
les puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las
elecciones”, precisando a seguidas que “algunas mentes muy creativas,
daban como un hecho, que a las tres de la tarde sería necesario
interrumpir el proceso de votación y fijar una nueva fecha”. Ante tan
grave denuncia, emplazamos al Dr. Roberto Rosario a hacer de público
conocimiento las informaciones que dice disponer, exigiéndole además que
actúe con la responsabilidad que le impone su cargo y proceda a someter
ante la justicia a los responsables de hechos de esa trascendencia, por
demás, sancionados penalmente por la Ley.
14. Por todo cuanto antecede, dejamos constancia ante la opinión
pública nacional y extranjera de que no reconocemos los resultados de
los comicios del pasado 15 de mayo que intenten imponerse por la fuerza
del poder, ya que los mismos han sido anunciados en violación de la ley y
cuestionan por tanto la gobernabilidad democrática de la República
Dominicana los próximos 4 años. Por otro lado reiteramos el reclamo de
las copias manuales que certifiquen un escrutinio confiable de los votos
en todos los colegios electorales y que en los lugares donde resultare
imposible recuperarlas sea anulado el proceso y se celebren nuevas
elecciones que permitan la manifestación soberana de la voluntad popular
como única forma de garantizar autoridades electas revestidas de
legalidad y legitimidad.
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.
A los seis (6) días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciséis (2016).
Luis Abinader: Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Guillermo Moreno: Alianza País (AlPaís)
Elías Wessin Chávez: Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC)
Pelegrín Castillo: Fuerza Nacional Progresista (FNP)
Minerva (Minou) Tavárez Mirabal: Alianza por la Democracia (APD)
Soraya Aquino: Partido de Unidad Nacional (PUN).”
jt/am
miércoles, 8 de junio de 2016
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