SAN JUAN.- El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico,
César Miranda, confirmó este martes que 23 de los 49 asesinatos en el
ataque a tiros el pasado fin de semana en una discoteca gay de Orlando
eran puertorriqueños.
Miranda extendió su pésame a las familias de los 23 puertorriqueños
asesinados e hizo un llamado a la erradicación de los prejuicios por
razón de raza y género en todos los sectores sociales.
“Hoy despertamos con la dolorosa noticia de que se han contabilizado
23 puertorriqueños víctimas del ataque sin precedente que se perpetró
este sábado en la discoteca Pulse, ubicada en Orlando, Florida”, dijo en
un comunicado.
Ante dicha pérdida, “vengo obligado a reflexionar sobre todas las
problemáticas sociales que convergen para facilitar esta matanza: la
intolerancia en cuanto a preferencias de género, la discriminación
contra los latinoamericanos en EE.UU. y el amplio acceso a las armas en
ese país”.
“Por eso hay que reafirmar nuestro compromiso con estos tres frentes
en Puerto Rico y unirnos con nuestra diáspora y el pueblo estadounidense
para continuar dando pasos de avance en la dirección de la equidad”,
añadió.
En ese sentido, recordó que en Puerto Rico se aprobó el año pasado el
matrimonio y las adopciones entre personas del mismo sexo, al tiempo
que se ha adoptado en las escuelas un “currículo de equidad de género”.
“Tenemos que tener en cuenta que los prejuicios no desaparecen de un
día para otro. Por ejemplo, tan reciente como hace dos semanas -y por
primera vez en Puerto Rico- un jurado autorizó el agravante de crimen de
odio en el caso del asesinato del joven homosexual Miguel Rodríguez
Fernández por razón de su preferencia de género”, apuntó.
Miranda defendió que “hay que continuar educando hasta lograr que las
nuevas generaciones no sigan cargando con prejuicios contra minorías” y
aseguró que “esta agenda es compartida sin duda entre todos los
sectores: el Estado, el sector privado, las comunidades y los grupos
religiosos y políticos”.
En cuanto a la regulación de las armas, recordó que recientemente el
Departamento de Justicia defendió la constitucionalidad de la Ley local
de Armas en un juicio por el que se pretendía “dejar sin efecto
requisitos indispensables para garantizar que quienes deciden poseer
armas en la isla cumplen con una conducta adecuada y tienen las
capacidades y las cualificaciones necesarias que conlleva esa gran
responsabilidad”.
miércoles, 15 de junio de 2016
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