ANTO DOMINGO. El proceso judicial en el país contra dos militares y
dos empresarios por el supuesto cobro de soborno para la compra de los
aviones Super Tucano en el 2008, es resultado del interés de Estados
Unidos en ese caso.
Fueron las autoridades estadounidenses las
que iniciaron las investigaciones junto a Brasil por la supuesta
corrupción en la operación entre el Gobierno Dominicano y la empresa
brasilera Embraer.
Un artículo que al respecto publicó el
periódico estadounidense de Wall Street Journal, el 1ro de noviembre del
2013, hace referencia al interés de Estados Unidos por el caso, debido a
que Embraer cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York, pero además,
porque algunos de los pagos del supuesto soborno habrían pasado por esa
nación.
La investigación, a cargo del Departamento de Justicia
de Estados Unidos se inició por presunta violación a la Ley de Prácticas
Corruptas Extranjeras.
Dicha publicación (a cuyo contenido en inglés se puede acceder en el link: http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303618904579172070636222040)
planteaba que los Estado Unidos se acercó primero a Brasil para
advertirle del caso, justo durante una conferencia anticorrupción
celebrada en París en 2012.
Embraer se consideraba desde entonces
la tercera compañía fabricante de aviones en el mundo, siendo los Super
Tucano su modelo de mayor venta. Sus negocios abarcan al propio Estados
Unidos, (con el que competía) Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, entre otros. En algunos de esos países también hubo
cuestionamiento.
Medios de prensa de Argentina reseñaron en 2011
las investigaciones del Departamento de Justicia de Estado Unidos por la
venta de 20 aeronaves que la Embraer hizo a ese país por un monto de
US$700 millones en 2009, en cuyas negociaciones también habría mediado
el soborno.
De la intención de Estados Unidos para que se
investigara el caso en el país no se tiene registros oficiales públicos,
sin embargo, algunos hechos tienen una marcada coincidencia, respecto a
las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En julio del
2011, medios locales reprodujeron uno de los cables de Wikileaks, como
se le llamó al destapé que hizo Julián Assange sobre el manejo de la
diplomacia estadounidense. Dicha publicación mostraba el contenido de
conversaciones de los embajadores de esa nación con el presidente Leonel
Fernández, en las que le manifestaban su preocupación por las acciones y
los cargos de algunos militares, uno de ellos, Pedro Peña Antonio,
exministro de Defensa, a quien un juez le dictó en la madrugada de ayer
medida de coerción, consistente en presentación periódica e impedimento
de salida, por su presunta vinculación con el soborno estimado en unos
US$3.4 millones. Están acusados, además, el coronel de la Fuerza Aérea,
Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo
Daniel Aquino Hernández, y se vincula a algunos legisladores.
La
lista de los militares que preocupaban a EE. UU. la completaban Manuel
de Jesús Florentino y Florentino, Héctor Medina Medina, Rafael Bencosme
Candelier y José Muñoz Monción, de quienes decía que “no los querían en
cargos importantes en las instituciones militares u otras áreas del
Estado dominicano”, según refiere la nota. El mismo cable de Wikileaks
indica que Fernández reconocía la corrupción en las Fuerzas Armadas, al
admitir que era sobreentendido que los militares de alto rango toman el
10% de los recursos que manejan, pero que si los cancelaba pondría en
peligro su propia posición.
viernes, 19 de agosto de 2016
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